Un diputado que compra un departamento, la hermana de una jueza que adquiere un auto o un exfuncionario que invierte en un desarrollo: todos pueden ser clientes perfectamente legítimos. Pero por el poder y el acceso a recursos públicos que implica su cargo, la ley pide prestarles atención especial. Son las Personas Políticamente Expuestas, o PEP.
¿Qué es una PEP?
Con la reforma de julio de 2025, la LFPIORPI incorporó la definición en su artículo 3, fracción IX Bis. Una Persona Políticamente Expuesta es:
- La persona física que desempeña o ha desempeñado funciones públicas, en México o en el extranjero, y
- Las personas relacionadas con ella que cumplan las condiciones que la Secretaría de Hacienda establezca en reglas de carácter general; por ejemplo, ciertos familiares o socios cercanos.
No significa que la persona haya hecho algo indebido ni que no pueda ser su cliente. Significa que el riesgo de la relación es mayor y debe tratarse con más cuidado.
¿Por qué requieren más atención?
Quien maneja presupuestos, contratos, permisos o decisiones públicas está más expuesto a actos de corrupción, y los recursos de la corrupción buscan entrar a la economía formal a través de bienes y servicios de alto valor. Por eso los estándares internacionales y la ley mexicana piden identificar a estas personas y vigilar sus operaciones con mayor detalle.
Qué pide la ley
La reforma de 2025 dejó varias obligaciones relacionadas con las PEP en el artículo 18:
| Dónde | Qué pide |
|---|---|
| Art. 18, fr. VIII | Que su Manual de Políticas Internas incluya cómo identificar y dar seguimiento a las operaciones con PEP. |
| Art. 18, fr. X | Que sus mecanismos automatizados permitan un seguimiento intensificado de los clientes PEP o de alto riesgo. |
| Art. 18, fr. VII | Que su evaluación de riesgos considere este factor al calificar a sus clientes. |
Los detalles, como qué cargos cuentan y qué personas relacionadas se incluyen, están en las Reglas de Carácter General que emite Hacienda.
¿Cómo saber si un cliente es PEP?
- Pregúntelo. Incluya en su formato de alta si el cliente desempeña o desempeñó un cargo público, o si es familiar o socio cercano de alguien que lo hace.
- Consulte el listado de cargos. El artículo 51 Ter obliga a Hacienda a elaborar y mantener actualizado un listado nominativo de cargos de servidores públicos que se consideran PEP, con información que le envían los poderes, órganos autónomos, gobiernos estatales y municipales y empresas del Estado.
- Revise fuentes públicas. Noticias, portales de transparencia y declaraciones patrimoniales públicas ayudan a confirmar el dato.
- Si no puede determinarlo, consulte. Si después de identificar y verificar al cliente no puede saber si es PEP, la ley le permite consultar a la Secretaría (art. 51 Ter).
- Déjelo documentado. Anote en el expediente cómo se determinó, con qué fuente y en qué fecha.
Qué hacer cuando el cliente es PEP
- Califíquelo con un riesgo mayor en su matriz de riesgo.
- Pida más información sobre el origen de los recursos de la operación.
- Involucre a un nivel de decisión más alto, como la persona encargada del cumplimiento, antes de cerrar.
- Dé seguimiento intensificado a sus operaciones mientras dure la relación.
- Revise también a sus beneficiarios controladores: una empresa puede ser de riesgo si quien la controla es PEP.
Si en cualquier momento surge una sospecha sobre el origen de los recursos, el aviso debe presentarse dentro de las 24 horas, aunque la operación no se celebre (art. 18, fr. VI).
Errores comunes
- Pensar que solo cuentan los cargos de alto nivel federal: la definición incluye funciones públicas en México y en el extranjero.
- Olvidar que también puede ser PEP quien ya dejó el cargo.
- Revisar solo al cliente y no a sus familiares, socios o beneficiarios controladores.
- Rechazar automáticamente a una PEP: la ley pide más cuidado, no prohíbe la relación.
- No dejar constancia de cómo se hizo la revisión.
Cómo le ayuda KYC Digital
Según su plan, la plataforma coteja a sus clientes contra la lista de Personas Políticamente Expuestas, la lista del Consejo de Seguridad de la ONU, la lista SDN de la OFAC y el listado 69-B del SAT, y registra el resultado en el expediente. Las coincidencias se revisan manualmente: el cotejo apoya su análisis, pero la decisión sigue siendo suya. Ese resultado alimenta el perfil de riesgo del cliente y queda disponible para una visita de verificación.
Este artículo es informativo y resume la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) con su última reforma publicada en el DOF el 16 de julio de 2025. No sustituye la lectura de la ley, su Reglamento y sus Reglas de Carácter General, ni la asesoría jurídica para su caso.
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